El Gobierno de España ha expulsado a 20.682 inmigrantes entre los años 2019 y 2025. Cádiz, con 564, destaca en el ranking provincial, según los datos aportados por el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado nacional del Grupo Mixto Alberto Catalán.

El documento, al que ha tenido acceso VIVA CÁDIZ, aclara que “no existe tratamiento estadístico que permita discriminar las órdenes de expulsión dictadas en los últimos siete años y que no han sido ejecutadas en la actualidad”, y apunta que, en cualquier caso, “la ejecución de las órdenes de expulsión atienden a la prescripción de las sanciones impuestas de conformidad con el artículo 56.2 y 3 de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, de 11 de enero.

Entre estas, encontrarse irregularmente en territorio nacional; trabajar en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida; el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente; y la participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Precisamente la aplicación de la denominada Ley Mordaza, sostiene Diego Boza, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz (UCA) y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) es la principal causa “últimamente” de las expulsiones.

Michel Bustillo, educador social vinculado a la Asociación Voluntarios por Otro Mundo Jerez, le da la razón. “Un marroquí de 20 años, que lleva nueve en la provincia, está en Casablanca al día siguiente de cumplir una condena de prisión”, relata sobre un caso que conoce personalmente puesto que el joven fue menor tutelado. A decenas de chicos como este, lamenta, “se les espera en la garita de salida” de los centros penitenciarios para enviarlos en avión, desde Madrid, a sus países de origen.

Boza considera que el Gobierno de PSOE y Sumar deberían modificar la normativa vigente y apostar por la reinserción en España. “con arraigo aquí, qué sentido tiene” sacarlo del territorio nacional, se pregunta. Con todo, valora que se haya reducido el número de expulsiones.

Algo que, sin embargo, es un problema para Jupol. Fuentes del sindicato mayoritario de la Policía Nacional de España, advierte de que el número de inmigrantes ilegales que acceden al país en un mes dobla a la cifra de expulsados durante todo un año.

Asimismo, apuntan que la pandemia paralizó las devoluciones, pero existía ya una tendencia a incrementar considerablemente la permanencia de extranjeros por medio del asilo desde 2017, coincidiendo, además, con la entrada de personas en situación irregular.

El “cóctel explosivo”, apuntan las mismas fuentes, se completó con el cierre de las fronteras de Marruecos y la reducción a la mínima expresión de las repatriaciones, incluso de personas con delitos graves, quedando en libertad los que contaban con delitos menos graves, “y los falsos menas”, a los que era imposible realizar las pruebas de edad, con las consecuencias en materia de seguridad y que los propios agentes de Extranjería “explotaran”.